Varias son las razones por las que las incidencias pueden representar un alto porcentaje de las deudas pendientes de las empresas y que conlleva que se gestionen a conciencia: desde incidencias de toda índole (calidad de prestaciones, entregas no realizadas, errores en la facturación…) a demoras voluntarias en los pagos. Por lo tanto, parece necesario una gestión planificada y eficaz del riesgo comercial. Pero, si una de cada tres reclamaciones a clientes se declara de “mala fe”, dos de cada tres son legítimas y deben resolverse con la mayor rapidez posible. El objetivo es obtener el pago de las facturas y, de ahí, ingresos. De hecho, por definición, una incidencia se produce cuando existe un desacuerdo entre dos partes que puede resolverse. En cambio, un contencioso puede ser objeto de un procedimiento judicial o de recobro.
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